Este es un artículo muy interesante y al que creo debemos tomar como ejemplo para terminar perfeccionar nuestro sistema de pensiones.
El Modelo Chileno de Seguridad Social José Piñera Durante su visita a Chile el mes pasado, el presidente Bush destacó que el modelo chileno de pensiones es un “excelente ejemplo” para la reforma del Seguro Social en Estados Unidos. Por 24 años he promovido el sistema de pensiones chileno, el cual está basado en la propiedad, la libertad de escoger y la responsabilidad personal. Habiendo discutido nuestra reforma con el Sr. Bush en 1997 cuando era gobernador de Texas, y habiendo hablado en 1998 en la Cumbre de la Casa Blanca sobre Seguridad Social durante la administración Clinton, creo que existe ahora la oportunidad para un acuerdo bipartidista en los Estados Unidos sobre este tema fundamental de política pública.
El sistema de pensiones chileno estaba originalmente basado en exactamente los mismos principios que guían el sistema de EE.UU. Se originan en la Prusia del siglo 19, cuando Bismarck creo el sistema de reparto. Pero un sistema como ese no solo es rehén de las tendencias demográficas, también tiene una falla fatal: destruye el vínculo entre contribuciones individuales y beneficios, es decir, entre esfuerzo personal y recompensa. La Ley de 1980 de Reforma al Seguro Social chileno permitió a los entonces trabajadores decidir no participar en el sistema estatal de pensiones, financiado por impuestos sobre los salarios, y en lugar de eso contribuir a una cuenta personal de retiro. Lo que determina los beneficios de jubilación de aquellos trabajadores es el monto de dinero acumulado en su cuenta personal durante sus años de trabajo. Ni los trabajadores ni los empleadores pagan un impuesto sobre los salarios. Estos trabajadores tampoco reciben una pensión del gobierno. En lugar de eso, 10 por ciento de su salario antes de impuestos es depositado cada mes una cuenta de retiro personal.
Los trabajadores pueden voluntariamente contribuir mensualmente hasta un 10 por ciento adicional de su salario antes de impuestos. Los montos invertidos crecen libre de impuestos y los trabajadores pagan impuestos sobre este dinero solamente cuando se hacen retiros para su jubilación. Al retirarse, los trabajadores pueden escoger entre 3 opciones: adquirir una pensión vitalicia familiar, indexada a la inflación, en una compañía de seguros de vida; dejar sus fondos en su cuenta personal y hacer retiros mensuales, sujeto a límites basados en las expectativas de vida (si un trabajador muere, los fondos restantes forman parte de su herencia); o cualquier combinación de los dos anteriores. En cualquier caso, si el dinero excede el monto necesario para proveer mensualmente un beneficio equivalente al 70 por ciento del salario más reciente del trabajador, entonces el trabajador puede retirar todo el remanente. Un trabajador que ha alcanzado la edad de jubilación y ha contribuido al menos por 20 años, pero sus fondos acumulados no son suficientes para proveer una “pensión mínima” (definida por la ley), recibe ese monto del gobierno una vez que los fondos en la cuenta personal se han agotado (aquellos sin 20 años de contribuciones pueden obtener una pensión asistencial de nivel inferior). Los trabajadores pueden escoger cualquiera de varios fondos de pensiones privados que compiten entre si para manejar las cuentas. Aquellas compañías no se pueden involucrar en ninguna otra actividad y están sujetos a una supervisión estricta por una superintendencia gubernamental. Los trabajadores de mayor edad deben poseer fondos mutuos concentrados en bonos de corto plazo, mientras que los trabajadores jóvenes pueden tener la mayor parte de sus fondos en acciones.
La ley alienta los portafolios diversificados, sin la obligación de invertir en bonos del gobierno o cualquier otro instrumento financiero. Cada trabajador recibe cada tres meses un estado de su cuenta, y puede llevar el control del capital para el retiro en cualquier momento. Trabajadores con suficientes ahorros en su cuenta para comprar una pensión vitalicia “suficiente” (50 por ciento de su salario promedio, siempre y cuando sea un 20 por ciento más alto que la pensión mínima) pueden dejar de contribuir y comenzar a hacer retiros. Pero no hay obligación de dejar de trabajar, a cualquier edad, tampoco hay obligación de continuar trabajando o ahorrando para el retiro una vez que el trabajador ha alcanzado el nivel de beneficio “suficiente”.
Debido a que las cuentas personales de retiro están atadas a los trabajadores y no a la empresa en la que se trabaja, los trabajadores pueden llevar sus cuentas consigo cuando cambian de trabajo, manteniendo un mercado laboral flexible. El sistema no penaliza ni subsidia a inmigrantes, los cuales reciben lo que ellos han contribuido, incluso si ellos regresan a su tierra natal. Establecimos tres reglas para la transición al nuevo sistema de cuentas personales: el gobierno garantiza a los jubilados que sus beneficios no se verán afectados por la reforma; todos aquellos que ya están en la fuerza laboral pueden quedarse en el sistema estatal o moverse al sistema de cuentas personales de retiro (aquellos que deciden cambiarse se les daba un “bono de reconocimiento” calculado para reflejar los derechos ya adquiridos por el trabajador); y todos los nuevos trabajadores entran al sistema de cuentas personales.
Con este sistema, terminamos la ilusión que tanto el empleador como el trabajador pagan los impuestos sobre los salarios. Como bien saben los economistas, todas las contribuciones son pagadas, en última instancia, por los trabajadores debido a que el empleador toma en cuenta todos los costos laborales al adoptar sus decisiones de contratación y salario. Para proteger los salarios netos de los trabajadores, inicialmente recategorizamos las contribuciones del empleador como un sueldo bruto adicional. No hubo costo “económico” en la transición, porque esta reforma no causa daño al producto interno bruto (por el contrario, hay un enorme beneficio). Un tema completamente diferente es como afrontar el costo de “flujo de caja” del gobierno al reconocer y, por último, eliminar las obligaciones no financiadas del sistema de pensiones de reparto. En 1980, la deuda implícita del sistema chileno era del 80 por ciento del PIB. Utilizamos cinco “fuentes” para generar ese flujo de caja:
a) una emisión única de bonos gubernamentales a largo plazo a tasas de interés de mercado de tal manera que el costo financiero de la transición fuera compartido con futuras generaciones;
b) mantuvimos por un tiempo limitado un impuesto residual sobre los salarios;
c) la privatización de empresas estatales, lo cual incrementó la eficiencia, previno la corrupción y propagó la propiedad;
d) un superávit fiscal creado deliberadamente antes de la reforma (por muchos años después, pudimos utilizar la necesidad de “financiar la transición” como un argumento poderoso para contener incrementos en los gastos gubernamentales);
e) mayores ingresos fiscales que resultaron del mayor crecimiento económico, impulsado por el sistema de cuentas personales de retiro. Desde que el sistema se inició el 1 de mayo de 1981, el promedio real de retorno en las cuentas personales ha sido de 10 por ciento al año.
Los fondos de pensiones han acumulado recursos equivalentes al 70 por ciento del PIB, ahorros que han ayudado a financiar el crecimiento económico y que han creado un mercado de capitales doméstico líquido de largo plazo. Al incrementar los ahorros y al mejorar el funcionamiento del mercado laboral y el de capitales, la reforma contribuyó a duplicar la tasa de crecimiento de la economía entre 1985 y 1997 (de un histórico 3 por ciento a un 7.2 por ciento anual) hasta la desaceleración causada por la errónea respuesta del gobierno a la crisis asiática. Las cuentas personales se han vuelto el “tercer riel” intocable de la política chilena y el sistema ha sido aceptado, e incluso marginalmente mejorado, por los tres gobiernos de centro-izquierda de los últimos 14 años. Pero debe decirse que algunas distorsiones creadas por esos gobiernos en el mercado laboral han incrementado el desempleo y los contratos laborales de corto plazo, reduciendo la participación en el sistema y haciendo que la red social futura sea más cara para el Estado.
Cuando el sistema fue inaugurado, un cuarto de la fuerza laboral elegible se cambió en el primer mes. Hoy en día el 95 por ciento de los trabajadores cubiertos participan en el sistema de cuentas personales. Para los chilenos, sus cuentas de retiro representan derechos de propiedad reales. Ciertamente, son esas cuentas, y no las riesgosas promesas gubernamentales, la fuente primaria de seguridad para el retiro. El principal activo del trabajador chileno típico no es su auto usado o incluso su pequeña casa (probablemente todavía hipotecada) sino el capital en su cuenta de retiro.
Puesto que ellos tienen un interés personal en la economía, los trabajadores se alegran de las alzas en el mercado accionario en lugar de resentirlas, y saben que malas políticas económicas del gobierno dañaran su jubilación. Cuando los trabajadores sienten que ellos mismos son dueños de una parte de la riqueza de su país, ellos se involucran y apoyan un mercado libre y una sociedad libre.
José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform (www.pensionreform.org). Este artículo fue publicado originalmente en el New York Times el 1 de diciembre de 2004
Traducido por Nicolás López para Cato Institute
