Batalla por el Gas Boliviano

Enviado el Jueves 15 de Junio de 2006 (1:12:22)
Extraído de www.impulsobaires.com.ar


El Gobierno boliviano ofrece diálogo. Pero las petroleras le acusan de usar doble lenguaje. Los trabajos de exploración de las multinacionales dieron frutos espectaculares. Había que revisar los contratos para garantizar un mejor reparto de los beneficios. Algunos juristas creen que el decreto de nacionalización viola las leyes bolivianas.
La batalla del gas no ha hecho más que comenzar en Bolivia. Mes y medio después de que el presidente Evo Morales decretara la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas petroleras pasan a la ofensiva. Desconcertadas inicialmente por la agresividad del Gobierno, que ordenó la ocupación militar de sus instalaciones, las tres principales inversoras en el país andino (la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total) denuncian ahora en voz alta la imprecisión del decreto nacionalizador y advierten que harán valer sus derechos en los tribunales. El Ejecutivo boliviano responde que expulsará a las empresas que recurran al arbitraje internacional, pero se compromete a afinar el decreto con resoluciones ministeriales. Las negociaciones están en punto muerto y las espadas, en alto.


Y no es que no se supiera. Cuando emitió el Decreto Supremo 28.701, el pasado 1 de mayo, el sindicalista Evo Morales cumplía la promesa estrella de su campaña: revertir la liberalización económica de la última década y nacionalizar los recursos energéticos. Lo que nadie esperaba era lo que Decio Odone, responsable de Petrobras para el Cono Sur, describe como "acciones hostiles". Aquí entrarían el despliegue militar, los registros o la detención ilegal, en marzo pasado, de dos ejecutivos de Repsol YPF. Por un lado, el presidente boliviano reitera su deseo de que las empresas se queden. Por otro, las tilda de "contrabandistas" y su ministro de Hidrocarburos no para de lanzar amenazas: "Confiscarán" las acciones necesarias para tener el control, "expulsarán" a las compañías que no acaten las nuevas normas o "abrirán sus cajas negras" con auditorías, ejercicio este último que las petroleras perciben como un subterfugio del Gobierno para ahorrarse el pago de compensaciones.

"Las decisiones adoptadas no están en negociación", señala Manuel Morales, asesor del Ejecutivo (sin parentesco con el presidente). "Lo que sí va a haber es conciliación de cuentas y acuerdo con las partes". Todas las compañías han reiterado su disposición al diálogo. Pero se quejan del doble lenguaje. "No te puedes fiar de lo que te dicen. Para que haya socios ha de haber confianza, y eso no se logra con insultos ni con mentiras", dicen fuentes de Repsol YPF.

La tercera nacionalización de los hidrocarburos bolivianos arranca, a pesar de las expectativas, en un clima de suspicacia. Las dos anteriores, acometidas en 1937 y 1969 por Gobiernos militares, no llegaron a buen puerto y no lograron revertir los índices de pobreza que, entonces como hoy, atenazaban al país. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tardó casi dos décadas en explorar su primer pozo, corroída por el déficit y la corrupción. "YPFB se convirtió en la fuente de ingresos de los sucesivos Gobiernos", explica el experto Fernando Molina, director del semanario Pulso. "No había dinero para explorar ni explotar, no había capital de riesgo, tan importante en la industria petrolera".

Decidido a dar un golpe de timón, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada inició durante su primer mandato (1993-1997) un proceso de privatización parcial de YPFB, que se denominó "capitalización" para no alterar a la poderosa casta sindical, refractaria a todo lo que oliera a iniciativa privada o economía de mercado.

El Gobierno desmanteló YPFB y creó dos empresas de explotación (Andina y Chaco) y una de transportes (Transredes). Un poco más de la mitad de las acciones se vendió a compañías extranjeras, y el resto quedó en manos del "pueblo boliviano": sus dueños son todos los ciudadanos que tenían más de 21 años en el momento de la operación, en 1996. Con los dividendos obtenidos por estas acciones se constituyó un fideicomiso, que entre otras cosas ha servido para pagar el llamado Bono de Solidaridad, una pensión anual equivalente a 176 euros a todos los mayores de 65 años. De la gestión de ese fondo colectivo se hicieron cargo dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una del grupo español BBVA y otra del suizo Zurich.

Repsol YPF entró en Andina, British Petroleum en Chaco (ambas con el 51% del paquete accionarial), y el 66% de Transredes se repartió entre la anglo-holandesa Shell y el consorcio estadounidense Prisma. La brasileña Petrobras, que operaba ya en el país en virtud de un acuerdo de integración energética, se hizo con una refinería y pasó a ser el mayor inversor en la industria local de hidrocarburos, con 1.500 millones de dólares (1.185 millones de euros).

Convertido en un organismo de gestión, YPFB firmó 71 contratos de exploración con una veintena de empresas. "Eran contratos de riesgo compartido, muy sencillos: usted, señor, invierte, y si encuentra producción, paga al Estado una regalía fija del 18%, más el impuesto a las utilidades, es decir, a las ganancias de la compañía", explica Carlos Miranda, ingeniero petroquímico, ex ministro de Energía y superintendente de Hidrocarburos hasta 2002. "YPFB fijaba las bases de las licitaciones, y quien más ofrecía, ganaba automáticamente. No había negociación, eran contratos tipo, todos iguales: decidimos ese sistema para evitar posibles nichos de corrupción".

El Gobierno, recuerda Miranda, tenía "el firme deseo de establecer el potencial de este país y de atraer la inversión". El propósito se cumplió con creces. Las petroleras internacionales desembarcaron en Bolivia y sus trabajos de exploración dieron frutos espectaculares. "Las reservas de gas pasaron de 6 billones de pies cúbicos a 50 billones, y se determinó su ubicación exacta", explica el físico y docente universitario Francesco Zaratti. Con estos descubrimientos, Bolivia se convirtió en la segunda reserva de gas de América del Sur, detrás de Venezuela. Sólo Petrobras, Repsol YPF y Total invirtieron más de 4.000 millones de dólares. El valor de las exportaciones de gas se multiplicó por diez (de 94 millones de dólares, en 1996, a 957 millones de dólares en 2005). A los mercados tradicionales (Brasil y Argentina) se unían otros potenciales compradores: Chile, EE UU o México deseaban importar el gas boliviano. Las perspectivas no podían ser más alentadoras.

¿Por qué entonces todo reventó en 2003? Entramos aquí en las turbulencias de un país con un abultado memorial de agravios contra el extranjero, que no sólo le ha expoliado sus riquezas desde la época colonial, ya fuera la plata, el caucho o el estaño, sino que además demedió su territorio: Chile le arrebató el acceso al Pacífico (1884), Brasil se atrajo la región amazónica de Acre (1903) en pleno auge del caucho, y la ofensiva contra Paraguay resultó en la humillante pérdida del Chaco en 1935.

A los resentimientos históricos hay que unir indicadores concretos: con un PIB de 960 dólares per cápita, Bolivia está en el furgón de cola de Suramérica. Un 70% de los nueve millones de habitantes son pobres. Ni las políticas estatistas, que hundieron al país en la hiperinflación en los años ochenta, ni la liberalización posterior se han traducido en una mejora palpable de las condiciones de vida: la economía boliviana apenas ha crecido un 1% anual como media en los últimos 50 años.

Añádase a la coctelera el factor de la lucha por el poder y tendremos la revuelta social de 2003, que acabó con el Gobierno de Sánchez de Lozada cuando llevaba poco más de un año de su segundo mandato. La chispa fue el proyecto gubernamental de vender gas a México y EE UU a través de Chile, el odiado enemigo que les robó el mar. Enarbolando la bandera de la soberanía de los hidrocarburos y del orgullo patrio, Evo Morales encabezó las protestas y logró derribar a su rival de los comicios de 2002.

El presidente provisional, el periodista Carlos Mesa, trató de mantener las riendas de un país desbocado. Un referéndum en 2004, que sirvió como válvula de escape, asentó la voluntad de los bolivianos de nacionalizar los hidrocarburos. Un término escurridizo, puesto que ya la Constitución establece que las riquezas naturales son propiedad del Estado boliviano. "El problema es que en la calle se toma la nacionalización en sentido histórico, de expulsar a las compañías privadas, lo cual es irresponsable. Se despiertan fantasmas anticoloniales y no se ve el negocio en toda su complejidad", explica Zaratti, principal asesor del presidente Mesa en materia de hidrocarburos. "Dicho esto, la reforma era necesaria. La ley de Sánchez de Lozada fue muy buena, pero había cumplido su ciclo. Había que buscar otras fórmulas de cara a la comercialización".

El Gobierno de Mesa redactó un proyecto de ley que pretendía ser, en palabras de Zaratti, "un marco de soluciones lo más racional posible, para conciliar todos los intereses". En el Congreso, sin embargo, el Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales, y otros partidos opositores estaban en pie de guerra. "Entramos en una olimpiada de radicalismo. Ellos tenían otro objetivo: hacer caer al Gobierno". Lo consiguieron con una ley de hidrocarburos aprobada en mayo de 2005, que Mesa no quiso ratificar. Las petroleras, dice Zaratti, tampoco ayudaron con su "actitud prepotente". El presidente dimitió un mes más tarde, tras una nueva oleada de protestas. Morales tenía expedito el camino al poder, al que llegó por mayoría absoluta en diciembre.

"La ley de 2005 fue un instrumento político eficaz para echar a un Gobierno, pero para regular los hidrocarburos no sirve. Es un verdadero panfleto", dice un ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia, que prefiere mantener el anonimato. Entre otros puntos, eleva las regalías del 18% al 50%, lo que, con otros impuestos, sube la tributación hasta un 70%.

El Decreto Supremo de Evo Morales se redacta a partir de ese texto. El Estado recupera el "control total y absoluto" de los hidrocarburos y se hace cargo de su comercialización e industrialización. Las empresas petroleras deben entregar "de forma inmediata" su producción de gas y crudo a YPFB, que ahora será socio mayoritario en las compañías mixtas que operaban en el país. Para ello, obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones a transferir al Estado, "a título gratuito", las acciones de los ciudadanos bolivianos (que constituyen el 49% de Andina y de Chaco, y el 34% en Transredes). Además, las petroleras deberán desprenderse de las acciones que YPFB necesita para llegar al 50% más uno. Es decir, un 2%, en el caso de Repsol YPF y BP, y un 17% en el de Shell. Los contratos dejan de ser de riesgo compartido: las petroleras son ahora proveedoras de un servicio (exploración y producción) a cambio de una retribución fijada por el Estado.

Mientras se negocian los nuevos contratos, el decreto establece un régimen fiscal especial para seis meses: el Estado recibirá el 82% de los beneficios de los campos que generen más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas, es decir, San Alberto y San Antonio Sábalo, operados conjuntamente por las tres grandes: Repsol YPF, Petrobras y Total. Para ellas quedará el 18% restante de los beneficios.

"Algunos juristas", explica Fernando Molina, "consideran que el decreto viola la legislación boliviana, al otorgar al Gobierno la potestad de cobrar impuestos, por ejemplo, cuando eso es prerrogativa del Congreso. También al imponer participaciones a las empresas sin acuerdo previo, o al expropiar acciones con un simple decreto. La transferencia de las acciones de los bolivianos a YPFB estaba prevista en la ley de hidrocarburos de 2005, pero no de esa forma, sin compensación. Para expropiar, se tendría que haber aprobado una ley, es decir, un instrumento jurídico de igual rango".

De lo que no cabe duda es de que el momento de cambiar las reglas del juego había llegado. Cuando se firmaron los contratos, en 1996, el millón de pies cúbicos de gas costaba un dólar. Hoy vale entre cinco y diez dólares. Es decir, había que revisar los contratos para garantizar al Estado boliviano un reparto más provechoso de los beneficios. Ahora bien, la pregunta clave es: con esta nacionalización, ¿los bolivianos van a tener un mejor rendimiento que en la etapa anterior?

Para el vicepresidente, Álvaro García Linera, no hay la menor duda. Y lo argumenta con estas cifras: los ingresos por la explotación del gas al Tesoro público boliviano crecieron entre 1995 y 2003 apenas en 20 millones de dólares, hasta llegar a los 390 millones. Con la nueva ley, en 2005, subieron a 460 millones de dólares. Para 2007, el Gobierno espera recaudar 750 millones de dólares.

Pan para hoy y hambre para mañana, responden las petroleras. El Gobierno va a matar a la gallina de los huevos de oro. Con semejantes tasas impositivas, no es posible la inversión. Quizás el caso de los megacampos de San Alberto y San Antonio sea el más ilustrativo. Los funcionarios gubernamentales insisten en que las empresas ya han recuperado sus inversiones y que el 18% que les va a quedar a partir de ahora es ganancia. El presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, ha sido contundente: "Con un 18% de retorno sobre la producción de gas, no hay posibilidad de viabilizar una nueva inversión". "La industria de hidrocarburos es muy exigente en cuando a necesidades de capital y tecnología", añade Begoña Elices, directora de Relaciones Externas de Repsol. "Y en contra de lo que se dice, la explotación del gas en Bolivia es muy costosa: estamos hablando de pozos de más de 5.000 metros de profundidad y alejados de los centros de consumo".

Las motivaciones ideológicas, lamentan analistas y expertos del sector, han reemplazado a la lógica económica y jurídica. El derroche de demagogia de algunos dirigentes cala hondo en la población. "Bolivia está endémicamente mal, y estaba así antes de nuestra llegada. Pretender que demonizando a las multinacionales le irá mejor al país no tiene ningún sentido", dice un ejecutivo de Repsol YPF. Las petroleras, añade, se han convertido en el chivo expiatorio de la frustración de los bolivianos.

La euforia popular que despertó el decreto de nacionalización contrasta con la preocupación expresada por la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia. La inversión extranjera directa, destinada en su mayor parte al sector energético, cayó de 1.000 millones de dólares en 1999 a 103 millones en 2005. Ese año, tras la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, Petrobras, Repsol YPF y Total paralizaron sus proyectos de inversión. Las reservas se han revisado a la baja. En 2003, a raíz de los conflictos sociales, Bolivia perdió los mercados de México y California, donde el gas se paga hasta a 13 dólares el barril equivalente de petróleo (BEP), cuatro veces más que en el mercado regional suramericano. Ahora Brasil, que importa de Bolivia el 60% del gas natural que consume y era su principal mercado, ya ha anunciado que va a acelerar la exploración de los yacimientos hallados en su territorio, para ir soltando amarras de su vecino.

"Sin duda habrá formas de llegar a acuerdos. Las empresas quieren quedarse y aceptarán tragarse sapos por el negocio. Y el Gobierno cederá, aunque tiene poco margen de maniobra después de las expectativas que ha despertado en los movimientos sociales", señala Fernando Molina, director del semanario Pulso. "Pero creo que esta forma de nacionalización va a ser muy dañina, porque va a convertir de nuevo a Bolivia en un país rentista y está congelando las inversiones. Es el retorno a los ochenta".

Los críticos recuerdan que la exploración petrolera es cara y arriesgada, y que el país necesita inversión e infraestructuras. Evo Morales, dicen, sobredimensiona el peso de Bolivia y el poder de YPFB, que no tiene la capacidad de asumir toda la cadena de producción y comercialización del gas, por mucha ayuda (1.500 millones de dólares) que le haya prometido su mentor, el presidente venezolano Hugo Chávez.

Desde el Gobierno, el mensaje es optimista. "Si hemos decidido hacernos sólo con el 50% más uno y seguir con socios extranjeros es para no dar un salto en el vacío. Es una muestra de sensatez. No hemos expropiado ni saqueado, las compañías tienen márgenes de beneficio", explica Manuel Morales, asesor de la presidencia de YPFB. "Ofrecemos condiciones duras, pero seguras. Antes había un clima de inestabilidad. Ahora ya no".

Morales se remite a los proyectos que tiene sobre la mesa. "Ya hemos firmado varias cartas de intención de inversiones, una de ellas con una compañía estadounidense. Además, hay un acuerdo con Argentina para triplicar la exportación de gas, y otro con Paraguay para construir un gasoducto. Hay contactos con empresas serias, como Shell o British Petroleum, que tienen una actitud positiva. En España y Brasil ha habido más incomprensión, porque se asocia nacionalización a expropiación. Pero hay posibilidades de acuerdo".

"Si algo ha caracterizado a Repsol es nuestra flexibilidad. Trabajamos sin problema en sociedades mixtas con empresas estatales, como en Venezuela, o con contratos por prestación de servicio, como en Libia o México", dice Begoña Elices. "Hay muchas fórmulas. Pero te tienen que salir las cuentas".

Idéntico planteamiento llega desde Total. "Hemos creado riqueza en Bolivia haciendo descubrimientos de gas importantes, y todavía podemos aportar mucho al poner esos yacimientos a producir. Pero no lo haremos bajo cualquier condición", ha declarado su presidente, Thierry Desmarest. Decio Odone, directivo de Petrobras, es taxativo: "No vamos a aceptar un cambio de los contratos firmados. El Gobierno boliviano tiene sus razones, pero nosotros vamos a defender nuestros derechos".

Desde su veteranía, el ingeniero Carlos Miranda confía en que prime el sentido común: "Si se entra en crisis con las petroleras, nadie en su sano juicio vendrá a invertir. Las petroleras son como los marines: aguantan guerras, guerrillas, exacciones... son los últimos en irse. Pero una vez que salen, nadie entra después".

"Mitos y topicazos"

Las petroleras se quejan de que el debate sobre la nacionalización de los hidrocarburos está impregnado de "mitos y topicazos", empezando por la acusación, plasmada en el propio decreto del Gobierno boliviano, de que las compañías extranjeras se han "apropiado" de los recursos naturales. "La ley establece que el subsuelo es propiedad del Estado, como en todas partes", explica Begoña Elices, directora de Relaciones Externas de Repsol. "Cuando se dice, por ejemplo, que Repsol YPF tiene un 18% de las reservas de gas de Bolivia, o que Petrobras tiene un 46%, es que tenemos un contrato de comercialización para explotarlas. Se trata de una convención contable impuesta por las Bolsas internacionales".

Evo Morales suele denunciar también que las transnacionales apenas dejaban "las migajas" al Estado boliviano. "Las cifras en absoluto dan la idea de una explotación inmisericorde", responden desde Repsol YPF. "En nuestro caso, de unos ingresos de 1.008 millones de dólares, 822 se han pagado en impuestos, regalías, patentes y fondos de pensiones. Por no hablar de los siete millones de dólares dedicados a gasto social, en salud, educación o infraestructuras. Repsol YPF prácticamente venía reinvirtiendo el 100% de las utilidades. Pero eso no lo dicen".

En la lista de "mentiras", las petroleras incluyen la acusación, reiterada por el equipo de Morales, de que los contratos que firmaron son ilegales, al no haber sido autorizados por el Congreso, tal y como exige la Constitución. Las empresas responden que son contratos entre partes que el Estado boliviano suscribió a través de YPFB, y que continúan vigentes. "Se firmaron en el marco de la ley 1689, que aprobó el Congreso. No hay ninguna condición que justifique su nulidad", dicen en Repsol YPF.

El Tribunal Constitucional ha ratificado en dos sentencias la legalidad de los contratos, pero ha dejado en el aire la cuestión del procedimiento. "Ese argumento del Gobierno, en realidad, es un pretexto", dice el experto Francesco Zaratti. "Es como si yo vendo mi apartamento y, años después, quiero anular el contrato porque mi mujer no puso su firma. Eso no va a funcionar en las instancias de arbitraje internacional". Manuel Morales, asesor del Ejecutivo, se muestra tranquilo: "Aun cuando hubiera fallos en contra de Bolivia, ¿cómo van a obligar al país a acatarlos y pagar compensaciones?".