Propuesta antidemocrática

José Guillermo JustinianoEl Presidente acaba de anunciar que aprobará una disposición legal imperativa que establecerá la obligación a todo empleado público de saber y dominar, además del idioma español, un idioma originario del departamento en que desempeñará el cargo. Para ese efecto se dará un plazo y posteriormente se aplicará la disposición.
Esta es una propuesta antidemocrática y que además no respeta los derechos humanos de las personas. Por otro lado sería una disposición que no considera la realidad de Bolivia que a través del mercado y de la urbanización acelerada que estamos viviendo, se ubica en el pasado y no mira el futuro, es retrógrada por donde se la mire.
El idioma, lenguaje, dialecto, es una construcción humana desarrollada a través de miles de años para lograr una adecuada comunicación entre ellos mismos, responde a una necesidad concreta, que es trasmitir de unos a tros sus pensamientos, ideas, aspiraciones y emociones.
No es en sí mismo un tema del cual debamos hacer apología o por otro lado denigrarla, no es equiparable a temas culturales como la música o el arte en general, es simplemente un instrumento de comunicación, construido según las necesidades de los grupos humanos grandes o pequeños, de acuerdo al desarrollo histórico de cada pueblo.
Lo importante es que los grupos humanos que no hablan español tengan los servicios y atención suficientes para que no sean discriminados por el idioma, pero ello no puede ni debe traducirse en una imposición para que todos los empleados públicos se comuniquen en el idioma o dialecto de cada zona.
La Reforma Educativa, hoy vilipendiada y a punto de ser derogada, estableció como principio fundamental la enseñanza en el idioma nativo en las zonas que lo ameriten, como un mecanismo para que el niño o niña aprenda mejor los conceptos abstractos en su idioma nativo, ya que se ha demostrado que de esa forma los rendimientos escolares serán mejores, lo que no implica que el español deje de ser el idioma articulador de la comunicación en Bolivia.
La tendencia de Bolivia va hacia el uso cada vez mayor del español. En efecto de acuerdo a los datos del Censo del 2001, de la población total indígena, en 1976 el 32.18% eran monolingües y en el 2001 se redujo al 23.39%. Por otro lado los bilingües indígenas subieron desde el 67:60% en 1976 hasta el 73:49% en el 2001. Desde luego aquí no se incluye a los mestizos que hablan básicamente el idioma español.
Esta tendencia  no es fruto de ninguna disposición legal, es el resultado de la urbanización y de las migraciones hacia las zonas urbanas y suburbanas que crean la necesidad de dominar el idioma español. Los millones de comerciantes de origen indígena emigrados de zonas rurales y que dominan el comercio informal, necesitan hablar el idioma unificador de la comunicación, que es el español, nos guste o no. Está comprobado que los niños nacidos en el ámbito urbano prefieren hablar el idioma europeo por necesidad y ese proceso no lo para nadie.
El uso del idioma indígena, desde luego generaría complicaciones en el oriente, donde a diferencia del occidente que tiene zonas de habla quechua o aymará predominante, los idiomas que se hablan son al menos 32 y ninguno de ellos debería tener predominancia sobre los otros.
El uso del idioma nativo debe ser establecido para lugares específicos y programas concretos, usar esa política para necesidades que surjan de la vida real. Pretender que el mundo urbano, por ejemplo, que representa dos tercios de la población del país tenga que usar los idiomas nativos obligando a los empleados públicos a dominar los mismos o perder el derecho constitucional a optar por ese empleo, es un exceso antidemocrático y lo peor aún, no será útil para nadie.
La población indígena que representa la mitad del país mejorará sus condiciones de vida con proyectos concretos de desarrollo, no con imponer el uso de los 34 idiomas o dialectos a los empleados públicos. Eso sería una discriminación contra el 77% de la población que habla español o es bilingüe.